Una ilegalidad más contra los ciudadanos

Mis estimados cero-lectores, de nueva cuenta el Congreso de la Unión actúa aparentemente dentro del marco de la legalidad estableciendo el Registro Nacional de Usuarios de Teléfonos Celulares el pasado 25 de septiembre del años en curso [ver noticia: http://www.radiotrece.com.mx/2008/09/25/aprueban-registro-nacional-de-celulares/]. La medida obedece a la cantidad de chantajes, amenazas y secuestros, reales o fingidos, que bandas criminales, dentro y fuera de las cárceles mexicanas, infringen contra los ciudadanos sin que las autoridades tengan una remota idea de qué hacer para evitarlo. Y en lugar de combatir con estrategias claras y eficaces tal práctica, es decir en lugar de que las autoridades hagan su trabajo, de nueva cuenta le pasa la factura al ciudadano común y corriente. No es, por cierto, el único caso en que el gobierno federal, en lugar de mover sus pinches nalgotas obesas de Carstens, decide mantenerse sentado culiatornillado a su escritorio, como escribió Renato Leduc, y obliga a los ciudadanos a que hagan su trabajo.

Frente a la ola de delincuencia que cada día es más intensa, a nuestros geniales legisladores se les ocurrió que una simple listita va a detener la delincuencia. Y al atropello que los delincuentes realizan cotidianamente, el Poder Legislativo suma una nueva afrenta. De la misma torpe manera que hay partiditos y politicastros, como el enano calvo de la Presidencia (sin ir más lejos), que suponen que la pena de muerte es la solución contra el crimen, lo cual es, en el mejor de los casos, un sueño guajiro, porque primero tendrían que atrapar a los delincuentes... y no les digo lo que todos ya sabemos: el 97 por ciento de los delitos jamás se resuelven (el 97 por ciento de los delitos reportados, por supuesto, así que el pormedio real es de casi el 100 por ciento), de esa misma manera suponen que con la creación de un listado de usuarios de teléfonos celulares la delincuencia va a entrar en pánico y simplemente va a dejar de usar teléfonos celulares. Ya me imagino a los criminales temblando de miedo en sus guaridas: "¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Ora sí nos chingaron! Tenemos que regresar al buen camino". ¿Pueden imaginárselo? Yo tampoco.

¿Cuándo aprenderán nuestros legisladores que no se puede legislar con el hígado? ¿Que no pueden hacerse leyes al cuarto para las doce, para apaciguar a los medios y tapar el sol con un dedo? ¿Que frente a la criminalidad y el reclamo popular, por justo e indigando que sea, hay que plantear leyes con la cabeza fría y después de una detenida evaluación al respecto? La creación de este registro, que además va a correr por parte de los prestadores del servicio, lo cual significa que encima de tener un celular, debo pagar por estar en ese listado, es decir aumento de tarifas; decía, la creación de este registro es totalmente arbitario, absurdo, y en nada va a permitir que la delincuencia mengüe sus actividades. Hay leyes que castigan el secuestro, el robo, el asesinato, y no por eso este tipo de crímenes y criminales se tientan el corazón o detienen sus actividades.

Lo grave del asunto son dos cosas: la primera, si un usuario no se registra en tal listado, corre el riesgo de perder su línea. Esto un abuso que atenta contra la base misma del capitalismo, es decir contra la propiedad privada. El Estado no puede disponer arbitrariamente de lo que no es suyo, de algo que es mío; que, caro o barato, de tecnología de punta o vejestorio, me costó mi dinero. Yo compré un celular, y si deseo destruirlo, regalarlo, venderlo, prestarlo, es una decisión absolutamente mía. Es un abuso total del Estado que decida sobre el destino de mis propiedades, sean chicas o sean grandes. Este es el primer abuso, el primer gran atentado contra el ciudadano. Sin deberla ni temerla, el Estado, el gobierno panista (no os hagáis pendejos aquellos de vos que votaron por estos fascistas disfrazados), amenaza mi propiedad. Y esta medida no se da aislada. Ya saben que hay iniciativas de ley para la anulación de la extensión de dominio, que en el fondo es exactamente lo msimo, sólo que esta vez dirigido a las propiedades, a los bienes raíces. Basta con una denuncia ciudadana para que el Estado decida terminar con el dominio de una propiedad y agenciársela, arbitrariamente, sin importar razones. Así que quienes renten casas a terceros, pueden perderlo todo por una denuncia ciudadana anónima que diga que en esa propiedad se comercia con drogas. ¿Verdad que no se les había ocurrido que ese noble y patriota gobierno blanquiazul repentinamente asomaría sus garras fascistas? ¿Quién es un enemigo para México?

El segundo asunto es el siguiente, y es aún más grave que el anterior, porque no sólo atenta contra mis propiedades, sino que atenta contra el más elemental derecho humano, que es el derecho a la privacía, a la seguridad. De acuerdo con la nueva legislación, los usuarios de teléfonos celulares deberán entregar su nombre, dirección, nacionalidad (lo que seguramente implicará algún trámite que no será ni gratuito ni sencillo de realizar), una identificación oficial, y (aquí está lo más grave) la huella digital. Esto, sin lugar a dudas, es un abuso y un atropello total. Es una chingadera del tamaño del estadio Azteca. Estos datos, incluida la huella digital, estarán en poder de la telefónica, es decir del prestador del servicio, e hipotéticamente deberá guardarlos hasta por un año y sólo podrá entregarlos a la autoridad en caso de una investigación que conduzca hacia posibles actos delictivos.

Apenas puedo creer que nuestros legisladores hayan aprobado una ley que establece semejante abuso. Esto sólo tiene un nombre: fascismo.

Durante la Segunda Guerra Mundial los nazis también levantaron censos de gente que tenía una pequeña particularidad: ser judía. En cientos de ciudades y pueblos registraron en listados enormes a toda la población judía, para ubicarla perfectamente. Y lo que hicieron después todos lo sabemos. Millones de judíos dieron sus nombres y documentos para tales listados; entre otras cosas, porque no tenían otra opción, porque no hubo absolutamente nadie que alzara la voz contra tal arbitrariedad; porque todo mundo odiaba a los judíos. Y aquí, entre nosotros, la argumentación para este abuso es que tal registro es para menguar el poder de las bandas delictivas, que generalmente están coludidas con las mismas autoridades que ahora nos piden nuestra huella digital para "protegernos". ¿No fue eso lo que hicieron los nazis cuando llevaron a millones de judíos supuestamente a bañarlos? Toda proporción guardada, es exactamente lo mismo. El hartazgo hacia el crimen organizado, las múltiples vejaciones que cometen, nos hacen reaccionar como los alemanes de las postrimerías de los años 30 frente a la "amenaza" que representaban los judíos. ¿Parece exagerada mi comparación? No, no lo es.

Con la coartada de la lucha contra el crimen, el Estado lanza esta nueva cruzada, esperando que, igual que los franceses, los ingleses, los polacos, los checos, los alemanes en aquellos no tan lejanos días, nadie, absolutamente nadie alce la voz. Pues no. Esto es un abuso. ¿Por qué es un abuso? ¿Significa que estoy en contra del registro naciuonal de usuarios de teléfonos celulares? ¿Significa que estoy a favor de los criminales? No. Significa que estoy en contra de entregar mi huella digital a un particular.

¿Por qué es un abuso esta nueva legislación? Primero, porque la Constitución de la nación establece algo que desde hace décadas sabemos que existe en Estados Unidos pero en México no, que es la presunción de inocencia de todo ciudadano que tenga un proceso en su contra hasta que no se demuestre lo contrario. Esta presunción de inociencia ha sido subida a rango constitucional, lo que significa que a menos que haya una sentencia, no hay siquiera sospechosos de absolutamente nada. Un presunto criminal puede ser investigado y sus huellas digitales pueden servir para vincularlo con un crimen. Pero esta vinculación sólo se da si se cumplen dos requisitos. Que el criminal haya dejado algún tipo de indicio que conduzca hacia él, y que ese indicio se complemente con los registros que los sistemas de seguridad tengan. Es decir, que el criminal tenga registros dactilares en el sistema criminal del Estado previamente, o que a partir de ese momento se le abra un registro. Pero ojo, tal registro se hace a partir de que alguien viola las leyes, atenta contra un tercero, y no antes, de manera supuestamente preventiva. De modo que por extensión, si una de mis huellas digitales me es solicitada a priori por un particular, cualquiera que éste sea, se me está igualando con un presunto criminal, y por tanto se está violando, flagrantemente, el principio de presunción de inocencia. Por otro lado, sólo el Estado, a través de sus instituciones policiacas o de seguridad, puede, eventualmente, tener las huellas digitales de sus ciudadanos. Ya es bastante abusivo que nuestra huella digital esté en la credencial de elector, y más a sabiendas de que hace algunos años atrás el padrón electoral completo del Instituto Federal Electoral se vendió a una empresa particular en Estados Unidos. Es decir, el propio Estado no fue capaz de mantener en secrecía absoluta ese listado enorme de ciudadanos, cuyos datos fueron a parar en manos de nadie sabe bien quién ni con qué fines. Y hasta la fecha, no hay ni detenidos (no puede haberlos hasta que no se pruebe su culpabilidad) ni acusados de semejante acto. Y este era el listado nominal de electores de todo el país, que debría estar protegido por el Estado, que no pudo, no supo, o no quiso hacer nada al respecto. Que no ha hecho ni hará.

En segundo lugar, y esto es de enorme relevancia. Los datos de ese probable listado de usuarios de teléfonos celulares contendrá datos que, de alguna manera, son transferibles y que por sí mismos no comprometen la intimidad del usuario. Pero las huellas digitales son otra cuestión. Como sabemos, no hay dos juegos de huellas digitales iguales, y la posibilidad matemática de que haya otro igual es porcentualmente imposible y supera por mucho la cantidad de habitantes del planeta en su totalidad. De modo que este dato, mi huella digital, constituye un dato absolutamente propio, mío, individual, personalísimo, y sobre el cual el Estado no puede ni tiene derecho alguno a poseerlo. Mucho menos un particular, que no teniendo los recursos del Estado ni el control simbólico de la violencia que tiene el Estado, puede garantizar que tal dato en poder suyo estará a salvo. El Estado no puede solicitar una huella digital para un registro de tal naturaleza porque es violar la intimidad más profunda del individuo. Es una invasión absoluta de mi ser más íntimo, es dejar que un dato absolutamente intransferible de mi identidad quede en el aire, volando, sin garante alguno por parte del Estado de que no va a ser usado sin mi permiso. Como individuo, como ciudadano que conoce sus derechos, no estoy dispuesto a igualarme con presuntos criminales, sólo porque el Estado es incapaz de cumplir con su tarea de proporcionar seguridad y estabilidad. Conozco mis derechos, y uno de ellos es exigir, demandar del Estado que cumpla con sus funciones, y una de ellas, a partir de la cual surgen todas las demás, es que protega mi intimidad y que me brinde todos los elementos de seguridad y bienestar que protejan dicha intimidad.

Sin importar que haya una "cruzada" contra el crimen organizado, que las más altas autoridades del país estén "comprometidas" a vencer este "cáncer" que ataca a la sociedad (hay que recordar que hay cánceres que terminan por matar al paciente, sin importar que haga el doctor), sin importar qué vejaciones haya cometido el crimen organizado contra ciudadanos, una vejación más no va a solucionar este estado de indefensión en el que nos hallamos los ciudadanos ante el crimen organizado.

No me opongo a la creación de este sistema que pretende regular el servicio de telefonía celular, pero estoy seguro que por sí mismo no garantiza la seguridad de nadie, y en cambio sí viola mis garantías individuales de manera brutal. No olvidemos, por favor, que por eso se llaman garantías individuales y no colectivas (no existe tal figura jurídica en ningún sistema en todo el mundo). Porque a partir del respeto de dichas garantías, la colectividad termina por ser protegida. Porque el individuo es primero, y después es la colectividad, y no al revés. No soy, no somos individuos porque formemos parte de una colectividad. Y perdón que sea tan reiterativo. Sólo siendo un individuo primero es que me puedo integrar a una comunidad después, del tipo que sea.

Si el Estado desea garantizar mi seguridad, debe proteger mi privacidad, debe garantizar que nadie, ni siquiera él mismo, el Estado, va a violarla. Para proteger mi intimidad el Estado tiene una serie de obligaciones e instituciones que me garantizan, o deberían garantizar, la integridad de mi intimidad. No hay argumento ni situación alguna que valga para que el Estado pisotee mis derechos y lo haga con total impunidad. No estoy dispuesto a dar mi huella digital a un Estado que cada día actúa más con poderes absolutos y que no da razón de sus actos a nadie, que cada día más se parece a un Estado totalitario, fascista. Hay que decir decididamente NO. No voy a dar mi huella digital a un particular para que la guarde "por si se necesitara" en un futuro próximo sólo porque el Estado es absolutamente incapaz de garantizar mi seguridad. NO. No vivimos el mundo de ficción que describe Philip K. Dick en Minority Report. Si el Estado no puede contra la delincuencia hoy día, debe reconocer que sus estrategias para combatirla son equivocadas. Debe tener la humildad para reconocer sus errores y enmendarlos. Lo único que no puede hacer, es equipararme anticipadamente con presuntos criminales. Soy inocente hasta que no se demuestre lo contrario en un proceso judicial, y dado ese principio ahora vuelto constitucional, el Estado no tiene derecho a tener acceso a información mía que es totalmente íntima e intransferible, como es el ADN o las huellas digitales. No nos engañemos: la lucha contra el crimen no es óbice para que el Estado pisotee nuestras garantías individuales. Dos violaciones, dos actos ilegales no dan por resultado un acto justo. No somos Estados Unidos, donde el Acta Patriótica le permite al Estado detener, retener e investigar a cualquier ciudadano sospecho de terrorismo sin necesidad de presentarlo ante un juez, y mantenerlo en total aislamiento sin límites de tiempo. Hay que decirle al Estado mexicano que no, NO PUEDE VIOLAR MIS MÁS FUNDAMENTALES DERECHOS con el baladí argumento de la lucha contra el crimen o la defensa de la seguridad nacional. EXIJO QUE EL ESTADO MEXICANO CUMPLA CON SUS OBLIGACIONES SIN ATENTAR CONTRA MIS GARANTÍAS INDIVIDUALES.

¿Alguno de ustedes, mis estimados cero-lectores, está dispuesto a ceder sus garantías individuales en favor de la lucha contra el crimen? Piénsenlo muy bien, porque podría concedérseles.